La justicia federal continúa desentrañando los oscuros vínculos y manejos ilegales detrás de la feria Urkupiña, una de las tres que integran el complejo de La Salada.
En el centro de la investigación está Enrique “Quique” Antequera, uno de los empresarios más poderosos del predio, actualmente prófugo. Durante meses, sus teléfonos y los de su entorno fueron intervenidos por la Policía Federal Argentina (PFA), revelando una red de negocios, lavado de dinero, conexiones políticas, venta de drogas y vínculos con la policía.
Antequera es señalado por la fiscal Cecilia Incardona como líder de una organización que no sólo administraba los puestos de la feria sino que también controlaba la seguridad, el transporte de clientes, la publicidad del predio y manejaba flujos millonarios de dinero. Solo en una cuenta bancaria operada por su socio, Edwin Ramiro Saravia Rodríguez, se registraron más de 7 mil millones de pesos en depósitos en efectivo entre 2021 y 2024.
Sus hijos varones, Alan y Lucas, están detenidos junto a su tío César en el penal de Marcos Paz. Según la acusación, Alan era el encargado de la recaudación, mientras que Lucas realizaba maniobras de lavado a través de la compra de propiedades y vehículos. El propio Quique Antequera figura como titular de casas en Banfield, Pinamar, Buenos Aires y Brasil, además de campos, galpones, un Audi A5 y una propiedad en el exclusivo barrio privado Bella Vista Chico.
Las escuchas telefónicas no solo fueron claves para rastrear esos bienes, sino también para conocer el nivel de sofisticación de la red. En una de las conversaciones, Daiana Antequera, una de las hijas del empresario, revela que realizó gestiones en la embajada de Perú a pedido de su padre. En otras, junto a su hermana Sabrina, se las escucha hablar de fiestas, viajes de lujo y aparentes ventas de drogas a turistas extranjeros de alto poder adquisitivo. Incluso, en uno de los informes del expediente, se detalla que Daiana y una amiga facilitaban encuentros íntimos donde también proveían estupefacientes.
Aunque Daiana no está imputada en la causa principal, sus comunicaciones resultaron claves para determinar el paradero y los movimientos de su padre durante los meses previos a la orden de detención.
En paralelo, las conversaciones intervenidas a Quique Antequera revelan supuestos vínculos con jefes policiales y gestiones para ingresar mercadería por la Aduana mediante contactos directos. En una charla con una mujer identificada como Nancy, el empresario promete gestionar la liberación de containers que llevaban meses retenidos, evitando así costosos pagos diarios.
La investigación sigue sumando pruebas. En una de las últimas escuchas, Antequera alardea de su control sobre la feria: “Yo soy el dueño de la mitad de eso, te guste o no”. También se muestra molesto con la falta de influencia política tras el cambio de gobierno: “Cambió el gobierno y estamos en el horno”, dice en una conversación con un detenido.
Mientras tanto, la Justicia avanza en la reapertura de las ferias clausuradas. El juez federal Luis Armella levantó la medida sobre Punta Mogote, Ocean y Urkupiña, pero exigió condiciones estrictas: operaciones bancarizadas, designación de interventores, y presencia permanente de fiscalizadores de ARCA y del Ministerio de Trabajo.
