El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la norma. La resolución ordena al Poder Ejecutivo avanzar de inmediato con su cumplimiento.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, junto con la causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y ordenó al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue firmada por el juez Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 a la determinación de las fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.
El decreto que había frenado la aplicación de la ley
La norma había sido aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el Gobierno. Sin embargo, ambas cámaras legislativas insistieron con su sanción con las mayorías requeridas.
Luego, el Poder Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025, pero estableció una condición vinculada con el financiamiento. Para el juez, ese mecanismo terminó funcionando como una forma de suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso.
Cormick sostuvo que el decreto “no supera un test mínimo de razonabilidad” y consideró que funcionó como un “mecanismo extraconstitucional”, al producir efectos similares a un nuevo veto que no está contemplado por la Constitución.
Recomposición salarial y fondos para las universidades
El fallo ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias.
Entre los puntos contemplados por la legislación se encuentran partidas para el funcionamiento de las universidades y medidas vinculadas con la recomposición salarial de docentes y no docentes, además de becas y otros aspectos del sistema universitario.
El magistrado también cuestionó el argumento relacionado con el impacto presupuestario de la normativa. En ese sentido, citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que ubicaba el impacto de la ley durante 2025 en aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia y profundiza el conflicto judicial entre el Gobierno nacional y las universidades por la aplicación de la Ley 27.795.
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