El Partido de los Trabajadores solicitó al Tribunal Supremo Federal (TSF) medidas urgentes para investigar si se están utilizando presiones políticas, recursos y operaciones digitales provenientes del extranjero para favorecer la candidatura de Flávio Bolsonaro (PL).
En un comunicado dirigido al juez de la Corte Suprema de Justicia Flávio Dino, el partido que lidera Lula Da Silva solicita la apertura de una investigación por parte de la Policía Federal y el fortalecimiento de las normas que impiden la ejecución en Brasil de imposiciones extranjeras sin fundamento legal.
La solicitud reúne diferentes líneas de investigación: posibles contribuciones de una organización vinculada a la derecha estadounidense, contenido proporcionado a la estructura del Partido Liberal y publicaciones pagadas de perfiles en el extranjero que promueven al candidato. El objetivo es identificar quién financió estas iniciativas, qué servicios se prestaron y quiénes se beneficiaron de ellas.
La solicitud se presentó en el marco del Argumento de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 1.178. En este proceso, Dino decidió, en agosto de 2025, que los actos unilaterales de otros países no pueden imponer obligaciones ni restricciones al territorio brasileño fuera de los casos permitidos por la ley nacional.
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Un dirigente del Partido de los Trabajadores explicó a LPO que “la intención es que esta protección se extienda explícitamente también a las elecciones, incluyendo las acciones de las plataformas digitales y las instituciones financieras. La declaración busca impedir que decisiones de gobiernos extranjeros se implementen en el país para interferir en las elecciones y aclarar cualquier forma prohibida de financiamiento externo”.
El partido también solicita participar en el proceso como colaborador de la corte como “amicus curiae”. El argumento se refiere a sanciones contra las autoridades brasileñas, presiones comerciales e iniciativas para desacreditar el sistema electoral. “Es necesario investigar si medidas de esta naturaleza se implementaron en Brasil en violación de la decisión de la Corte Suprema y se utilizaron para desequilibrar la contienda presidencial”, remarcan.
Uno de los frentes involucra a Rockbridge Network, un grupo de redes políticas norteamericano liderado por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.En ese sentido, el comunicado suscita sospechas de apoyo a la campaña de Flávio Bolsonaro y solicita aclaraciones sobre la participación de los empresarios Tallis Gomes, Pedro Sang y André Marinho.
El PT solicita documentos, actas de reuniones e información sobre cualquier recurso o servicio asignado a la candidatura. Asimismo, exige que Renan Santos y Arthur do Val, responsables de las acusaciones públicas al respecto, comparezcan y presenten las pruebas que afirman poseer. Otro frente aborda la oferta de documentales y cursos de Brasil Paralelo y Estúdio Quinto Elemento en la plataforma Academia da Direita, vinculada al bolsonarismo y al Instituto Álvaro Valle, la fundación del partido.
Según la encuesta citada en el comunicado, se identificaron al menos ocho documentales de Brasil Paralelo y tres producciones de Quinto Elemento sin los correspondientes registros de contratación, gastos o pagos en los estados financieros examinados. “El problema es sencillo: los materiales vendidos por los proveedores aparecen de forma gratuita en la plataforma del partido”, dice el PT apuntando a una posible donación de bienes o servicios con valor económico, cuyo origen y método de financiación deben ser esclarecidos.
En el caso de Quinto Elemento, el documento describe una cadena corporativa que vincula a las empresas brasileñas Patristica Brasil y Produções 5 Elemento con las empresas extranjeras Patristica Invest LLC y Zeitgeist MKM Corp. La hipótesis es que las empresas nacionales podrían haber intermediado recursos o servicios pagados por las empresas matrices en el extranjero.
El partido solicita un análisis de los registros contables y financieros. Asimismo, cuestiona el uso de la fundación, mantenida con fondos públicos destinados a la investigación y la educación política, para la difusión de material promocional de Flávio Bolsonaro y ataques contra el presidente Lula.
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El comunicado también destaca publicaciones de al menos 11 perfiles en X que, entre el 18 y el 21 de septiembre, difundieron contenido patrocinado sobre el ascenso de Flávio Bolsonaro en las cuotas de apuestas de Polymarket.
Según la documentación citada, las publicaciones mostraban la etiqueta “Patrocinio Pagado”, pero no identificaban la fuente de financiación. Las cuotas de apuestas se utilizaron para construir una percepción de favoritismo electoral. La petición explica que estas cifras no equivalen a encuestas de opinión: no representan una muestra del electorado brasileño ni cumplen con los criterios de una encuesta electoral.
En ese contexto, el PT solicita la identificación de los contratistas y pagadores, los montos involucrados y el alcance de las publicaciones en Brasil. El origen del dinero es crucial para la investigación. La prohibición de financiamiento extranjero abarca no solo las transferencias bancarias, sino también la publicidad, los servicios y otras ventajas que puedan valorarse en dinero, cuando se demuestre su origen y finalidad electoral.
Además de la apertura de una investigación por parte de la Policía Federal, el PT solicita la preservación inmediata de archivos, contratos, recibos de pago y registros digitales. También solicita testimonios, análisis contable de la documentación de campaña y del partido, y cooperación internacional cuando sea necesario para rastrear las operaciones.
“En todos los casos descritos, se repite la misma pregunta: ¿quién lo financia, mediante qué instrumento legal, en beneficio de qué candidatura y por qué no se incluye dicho beneficio en la contabilidad presentada ante el Tribunal Electoral?”, afirma el documento.
La declaración estipula que los allanamientos, las incautaciones y las violaciones de la confidencialidad deben evaluarse en función de las solicitudes específicas de la policía o la Fiscalía y la demostración de los requisitos legales. Entre los lugares mencionados se encuentran la sede de campaña de Flávio Bolsonaro y la sede nacional del PL. Si se demuestra la existencia de un flujo ilícito en curso, el partido solicita la interrupción de las operaciones y la congelación de los activos identificados.
En efecto, si Dino considera que la apertura de una investigación depende de una iniciativa de la Fiscalía, el PT solicita el envío inmediato de las pruebas a la Fiscalía General de la República.
La urgencia planteada se justifica por la proximidad de las elecciones y la necesidad de preservar los registros esenciales para la investigación. La Coalición “Brasil Listo para Más” también presenta ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una Acción de Investigación Judicial Electoral contra Flávio Bolsonaro, su compañero de fórmula, Alfredo Gaspar, y Eduardo Bolsonaro.
La iniciativa solicita una investigación sobre abuso de poder económico y político y mal uso de los medios de comunicación en relación con la injerencia extranjera en las elecciones. Según la coalición, las gestiones de Flávio y Eduardo con las autoridades estadounidenses transformaron las sanciones, las barreras comerciales y los ataques a la credibilidad de las urnas en instrumentos para debilitar al gobierno de Lula y favorecer la candidatura del PL.
La demanda también solicita aclaraciones sobre los vínculos de la Red Rockbridge con la campaña y un estudio atribuido a André Marinho sobre minerales críticos y elementos de tierras raras. Se sospecha que se ofrecieron ventajas relacionadas con los recursos minerales de Brasil a cambio de apoyo electoral.
Entre las diligencias de investigación solicitadas se encuentran testimonios, actas de reuniones y gastos, contratos y la preservación de datos digitales. Las rupturas del secreto fiscal y bancario dependerían de las pruebas individualizadas obtenidas durante la investigación.
Si se reconocen los abusos, la coalición solicita la anulación de las inscripciones o diplomas de Flávio y Alfredo Gaspar y su inhabilitación por ocho años. Estas sanciones se solicitan ante el Tribunal Electoral y no forman parte de la petición dirigida a Dino ante el Supremo Tribunal Federal.
