En una ciudad como La Falda, donde la vida suele medirse en el ritmo de la siesta y el murmullo de las sierras, cuesta imaginar que un joven de apenas 20 años pudiera convertirse en protagonista de un operativo policial federal. Pero así fue. A fines de julio, el “llamador serial”, como ya lo bautizaron informalmente algunos investigadores, desató un despliegue que alcanzó a dos de los aeropuertos más importantes del país y puso en alerta a fuerzas policiales de tres jurisdicciones.
El 23 de julio, las líneas del 911 recibieron tres llamados que encendieron todas las alarmas: supuestas bombas en tres vuelos distintos. El AR1411, que había partido desde Mendoza rumbo a Ezeiza; el AR1370, con destino a Cancún; y el 5162 de Flybondi, que debía despegar de Aeroparque hacia Salta. Las amenazas paralizaron operaciones, provocaron demoras y cancelaciones, y obligaron a desplegar inspecciones exhaustivas de la PSA. Ninguna bomba fue hallada.
Pero la historia no terminó allí. Los registros mostraron que no se trataba de un episodio aislado. Entre el 26 de junio y el 22 de julio, el joven habría efectuado al menos 35 comunicaciones falsas: amenazas, pedidos de auxilio inventados, simulaciones de tiroteos y detonaciones, y hasta llamadas con voces distorsionadas o acentos extranjeros para despistar.
La ministra de Seguridad de la Nación, a través de su cuenta en X (ex Twitter), sintetizó el asombro que generó el caso: “Esto no es un juego. Acá no se jode. Las hacés, las pagas”, inicia el posteo de la ministra con su clásico tono amenazante y autoritario. Luego continúa: “Un joven de 20 años, desde La Falda, Córdoba, realizó tres amenazas de bomba a vuelos comerciales y más de 30 llamados falsos al 911. Hoy fue detenido gracias al trabajo conjunto de las fuerzas. La intimidación pública no es un juego”.
Lo que sorprendió a los investigadores fue la planificación detrás de los llamados. El detenido había contratado un servicio de telefonía IP con un correo electrónico falso, pagado con billetera electrónica y protegido su ubicación mediante una VPN. Un manual casero de anonimato que, por un tiempo, dificultó cualquier rastreo por antenas de telefonía.
El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N°1, a cargo de Federico Villena. La División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad tomó la posta en el análisis forense: registros de conexión, trazado de antenas, movimientos bancarios y relevamientos en fuentes abiertas. Poco a poco, las piezas llevaron a un punto en el mapa: La Falda.
Allí, el trabajo de campo de la Policía de Córdoba resultó decisivo. Bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad provincial, sus investigadores confirmaron la dirección exacta del joven, ubicada en América al 500. Esa información fue clave para que, con orden judicial, se realizara el allanamiento conjunto con la PSA y la Policía de la Ciudad. El operativo culminó con la detención del imputado y el secuestro de material tecnológico.
El joven ahora enfrenta la Justicia, imputado por ese delito, que castiga a quienes generan alarma pública con información falsa. Permanece detenido y a disposición de las autoridades federales.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto con el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y el ministro cordobés, Juan Pablo Quinteros, supervisaron el operativo. En las fuerzas quedó la certeza de que la coordinación interjurisdiccional funcionó. Especialmente, el aporte de la Policía de Córdoba, que transformó una dirección aproximada en un punto exacto en el mapa.
En La Falda, algunos aún comentan con asombro que, desde una calle tranquila, se hayan orquestado amenazas capaces de detener vuelos internacionales y movilizar a ministros. Un episodio que, más allá de su costado irónico, dejó en claro que, en tiempos de comunicaciones digitales, la distancia entre una voz anónima y un operativo federal puede medirse en segundos… siempre y cuando haya policías y fiscales dispuestos a seguir cada rastro, incluso los que parecen imposibles.
