Esta demanda cuestiona una ordenanza municipal sancionada en 2023 (Ordenanza N.º 13.460), que modificó el uso del suelo en un sector clave contiguo a la reserva. Esa norma permite la instalación de comercios, restaurantes, edificios y servicios en una franja que bordea la reserva, la única área protegida con reconocimiento legal dentro del ejido urbano de Córdoba.
La Asociación Civil Amigos de la Reserva argumenta que este cambio en la zonificación representa un grave riesgo para el ambiente. La zona que rodea a la reserva cumple funciones ambientales fundamentales: actúa como una barrera de protección natural contra la contaminación, el ruido y la alteración del hábitat; incluye humedales y corredores biológicos que mantienen la biodiversidad local y permiten la supervivencia de flora y fauna autóctona. Además, está vinculada estrechamente con el río Suquía, que es vital para el equilibrio ecológico y climático de la ciudad.
Según la organización ambientalista, la ordenanza municipal fue aprobada sin cumplir con pasos fundamentales, como la evaluación de impacto ambiental ni consultas a la ciudadanía, incumpliendo así la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) y la Ley Provincial N.º 10.208, que exigen estos procesos para proteger el ambiente y garantizar la participación pública.
Además, sostienen que esta modificación choca directamente con artículos de la Constitución Nacional y Provincial que reconocen el derecho de toda la población a un ambiente sano y el deber de preservarlo para las generaciones futuras.
El TSJ, tras analizar el planteo, resolvió aceptar la demanda y habilitar el proceso judicial. Esto significa que la Justicia considera que los argumentos son suficientes para comenzar a estudiar si la ordenanza es o no constitucional, es decir, si cumple con los derechos y normas vigentes.
Una parte clave de esta resolución es que el tribunal ordenó una medida cautelar: por ahora, la Municipalidad no puede aplicar las modificaciones de la ordenanza en la franja que limita con la reserva. Esto implica que no se pueden otorgar nuevos permisos para construir edificios, abrir comercios ni habilitar servicios en ese sector mientras dure el juicio. También se suspendieron las solicitudes que ya estuvieran en trámite.
Con esta medida, el TSJ busca evitar que se produzcan daños ambientales que después puedan ser irreversibles o muy difíciles de corregir. Además, obliga a la Municipalidad a responder formalmente a la demanda en un plazo de seis días.
Para conocer mejor la visión desde la organización que presentó la demanda, Puntal conversó con Adriana Moyano, bióloga e integrante de la Asociación Amigos de la Reserva.
“Recibimos esta noticia con mucha alegría. Fue una sorpresa, porque no es común que la Justicia falle a favor de este tipo de causas ambientales. La medida es preventiva, y eso es muy importante. La ordenanza municipal permite habilitar comercios, edificios y restaurantes justo en la costa del río y frente a la única reserva natural que tiene la ciudad, algo que sería catastrófico para el ambiente”, señaló Adriana.
Explicó que las reservas naturales necesitan zonas de amortiguación, áreas con vegetación nativa que ayuden a minimizar los impactos negativos de la ciudad, como el ruido, la luz artificial y los líquidos contaminantes. “La Reserva San Martín está rodeada por barrios privados, y si además se permite la construcción de edificios y comercios, el daño para la reserva sería muy grave”, advirtió.
Consultada sobre la respuesta que espera de la Municipalidad, indicó: “Ahora ellos deben defender su posición. La acción de inconstitucionalidad sigue abierta, y esperamos que el fallo final también esté a favor de la protección ambiental.”
Sobre los posibles argumentos del municipio, Adriana apuntó: “No es necesario otro centro comercial ni más edificios en esta zona. La reserva y el río son enfriadores naturales, especialmente importantes frente al cambio climático y las olas de calor que se viven. La ciudad debería adaptarse a esas condiciones, no ir en contra.”
Actualmente, comentó, no hay obras avanzadas en la zona, aunque la información oficial es limitada y no se sabe exactamente qué permisos o habilitaciones existen.
La Asociación Amigos de la Reserva nació en 2009, cuando un grupo de vecinos y profesionales de distintas áreas se unieron para defender este espacio verde, luego de enterarse de planes avances de obras en la zona. Está integrada por ambientalistas, biólogos, profesores, abogados y vecinos preocupados por la conservación del ambiente.
La Reserva San Martín es un patrimonio natural, educativo y social que regula el microclima, actúa como pulmón verde, protege la biodiversidad y ofrece un espacio para la educación ambiental. Esta causa puede marcar un antes y un después en cómo se gestionan los bienes comunes naturales en la ciudad y en la relación entre desarrollo urbano y protección del ambiente.
Por último, el TSJ aclaró que esta resolución no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ordenanza ni afecta derechos adquiridos. La medida cautelar adoptada no es un freno al progreso, sino un intento de compatibilizar desarrollo y sustentabilidad, respetando el principio de precaución ambiental y el interés de las generaciones futuras.
