En Córdoba, la respuesta fue inmediata. El secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad, Raúl La Cava, fue contundente en su rechazo. Lo hizo a través de declaraciones públicas y desde su cuenta en la red social X, donde calificó la medida como una muestra más de un “Estado nacional que se desentiende de sus responsabilidades más básicas” y apuntó: “Lo que hacían por omisión, ahora lo hacen por decreto”.
La Cava no solo criticó el contenido del decreto, sino también el contexto en el que se implementa: una crisis económica que golpea con fuerza a los sectores más frágiles de la sociedad, un invierno que apenas comienza y ya muestra temperaturas bajo cero, y una creciente demanda de asistencia social que desborda las capacidades de los gobiernos locales.
“Este decreto no hace más que oficializar un abandono. Ningún gobierno nacional, ni este ni el anterior, aportó recursos concretos para atender esta problemática, pero al menos el marco legal obligaba a un compromiso. Ahora ni siquiera eso. Se corre de la escena y deja todo en manos de los municipios, que estamos haciendo lo imposible para sostener lo esencial”, expresó el funcionario.
Desde la gestión municipal remarcan que la problemática de las personas en situación de calle no es nueva, pero sí se ha agravado de manera visible en los últimos años. Córdoba capital lleva adelante desde 2020 un Programa para Personas en Situación de Calle, que fue institucionalizado en 2023 mediante la ordenanza 13.346. Este programa no solo contempla el alojamiento temporal de personas, sino que ofrece un abordaje integral: atención médica, psicológica, alimentaria, acompañamiento social, ayuda para la reinserción laboral, acceso a documentación y eventualmente, traslado a localidades donde puedan contar con redes familiares o comunitarias.
“Todos los días vemos más casos. No se trata solo de adultos solos; hay familias enteras, con niños, que hoy duermen en dispositivos municipales porque no tienen dónde ir. Actualmente hay 13 familias alojadas, con 15 infancias ”, señaló.
El secretario lamentó que mientras municipios como Córdoba ajustan presupuestos para atender esta emergencia humanitaria, desde Nación se escudan “en un falso federalismo, que solo reparte obligaciones y mezquina recursos”.
Para La Cava, el problema no es que los gobiernos locales estén a cargo de implementar este tipo de políticas, lo cual considera lógico por la cercanía con el territorio y las personas, sino que se los obligue a hacerlo sin ningún tipo de acompañamiento del gobierno central. “El problema no es que los municipios intervengamos. Lo hacemos, y lo vamos a seguir haciendo. Ese es el compromiso que tiene esta gestión, con Passerini a la cabeza y que ya venimos trabajando junto a Llaryora. Lo inaceptable es que Nación diga ‘esto no me corresponde’, y se desligue completamente, justo cuando la crisis social está en su punto más crítico”, enfatizó.
Actualmente, Córdoba capital sostiene dispositivos de alojamiento que dan contención a más de 270 personas, incluyendo 13 grupos familiares. En lo que va del año, ya se brindó asistencia a casi 600 personas, una cifra que supera la registrada en plena pandemia. Además, el municipio ha intervenido en 600 casos de desalojos sólo entre enero y mayo de 2025. Son indicadores que muestran el nivel de urgencia de la situación.
A pesar de todo, La Cava aseguró que el compromiso de la Municipalidad de Córdoba se mantiene firme. “No vamos a dejar que ningún vecino muera en la calle. Eso es innegociable. Tenemos personal, equipos comprometidos y la decisión política del intendente Passerini de estar donde hay que estar. Pero cada día es más difícil sostenerlo sin un Estado nacional presente”, dijo.
La crítica también apunta al discurso oficial que habla de terminar con el “Estado presente” como si eso implicara mayor eficiencia. Para La Cava, ese relato ignora que en situaciones como esta lo que se necesita no es menos Estado, sino uno que funcione y que proteja a quienes más lo necesitan.
De alguna manera, la publicación de este decreto no cambia el trabajo diario de los equipos municipales, pero sí confirma una realidad que los territorios ya venían padeciendo: que, frente a la emergencia social, el Estado nacional ha decidido mirar para otro lado.
