El gobierno de Estados Unidos lanzó una fuerte ofensiva contra los jueces de la Corte Suprema en un gesto de Donald Trump a Jair Bolsonaro en medio del avance de la causa contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe contra Lula en 2023.
LPO adelantó en exclusivo en noviembre del año pasado que Bolsonaro quiere que Trump presione a través del Departamento de Justicia a los magistrados de la Corte Suprema para lograr la amnistía que elimine su inhabilitación. Estas sanciones son un paso en ese sentido.
Entre los sancionados por Washington está en el juez que avanzó contra Bolsonaro Alexandre de Moraes pero también contra otros magistrados supremos como Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lucía, Dias Toffoli, Cristiano Zanin y Flávio Dino, el Procurador Paulo Gonet Branco, el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, el jefe de la división de Crímenes Cibernéticos, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowsk y el ex presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
El grado de ataque a los jueces que formaron parte de la investigación contra Bolsonaro que los únicos jueces que no fueron incluidos en las sanciones fueron los dos nombrados por el ex presidente, Kassio Nunes Marquez y André Luiz Mendonca.
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La base de la acusación de Estados Unidos se basa en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos (y la Orden Ejecutiva 13818) que permite a EEUU imponer sanciones a funcionarios extranjeros involucrados en abusos contra los derechos humanos, corrupción o abuso de poder y esfuerzos para socavar las instituciones democráticas.
Washington apunta a la decisión de Moraes emitir órdenes judiciales selladas a empresas con sede en EEUU como Rumble, X, Meta, exigiéndoles según los parámetros del gobierno, eliminar la libertad de expresión protegida por EEUU, bloquear los pagos financieros y divulgar los datos de los usuarios. Estas órdenes estaban dirigidas a estadounidenses y se emitieron sin jurisdicción ni proceso legal a través del gobierno estadounidense.
En ese sentido, el Departamento de Justicia rechazó formalmente estas medidas en una carta del 7 de mayo de 2025, declarando que las acciones de Moraes violan los principios jurídicos básicos de soberanía y cooperación internacional.
Estados Unidos habla también de casos documentados de encarcelamiento político y exilio en referencia al bolsonarista Daniel Silveira que amenazó con matar a los jueces, Filipe Martins que la Administración Trump considera “detenido bajo pruebas secretas y registros de viaje falsificados” y Ludmila Grilo y Allan dos Santos, obligados al exilio, con cuentas bancarias congeladas.
“Moraes ha consolidado la autoridad investigativa, procesal y judicial, eludiendo el debido proceso y silenciando a la oposición política. Implicación: Estas acciones se asemejan a la conducta que condujo a las sanciones Magnitsky en Rusia, Venezuela y Nicaragua, particularmente contra jueces”, afirma Washington.
Por otro lado, hablan de coerción e intimidación judicial de ejecutivos estadounidenses porque afirman que Moraes atacó a líderes tecnológicos estadounidenses como Elon Musk y Chris Pavlovski (Rumble), amenazando con cargos penales, multas diarias y suspensión de sus plataformas en Brasil.
Por último, la ley que invoca EEUU plantea “el socavamiento de la democracia Moraes descalificó a Jair Bolsonaro para postularse a la presidencia en 2026, citando teorías legales vagas y controvertidas. Controla las investigaciones y los procesos electorales, lo que plantea serias dudas sobre el sesgo político y la neutralidad judicial”.
“Las prohibiciones de expresión se programaron en periodos electorales clave, lo que frenó la oposición y la disidencia digitales. El menoscabo de la integridad electoral mediante extralimitaciones judiciales ha sido motivo de sanciones Magnitsky en otras autocracias”, concluye.
El periodista de la CNN de Brasil Caio Junqueira, explicó a LPO que el alcance de las sanciones pueden ir desde cancelar la visa de entrada a Estados Unidos hasta perder una cuenta bancaria y prohibir cualquier transacción con una empresa americana”.
Junqueira considera que el gesto de Trump a Bolsonaro “no es la principal motivación pero creo que se inserta dentro de un contexto de combate a la izquierda y de una alianza global de la derecha y de la extrema derecha para fortalecer ese campo político contra los establecimientos políticos”.
“Trump es el anti-establishment político en Estados Unidos, Bolsonaro es visto como la anti política en Brasil. El establishment el Lula y el Supremo Tribunal Federal. Cae la ficha de la importancia desde el viernes pasado, cuando un parlamentario trumpista pregunta a Marco Rubio si va a tener esas sanciones y responde que estaba en análisis”, agregó.
El periodista dice que “hay contactos de alto nivel de la diplomacia brasileña con la Casa Blanca y con los Estados Unidos. Pero no se dice quién está hablando con quién, quién está intentando hablar con quién”.
“El canciller Mauro Vieira nunca habló con Marco Rubio, la embajadora en Washington nunca consiguió acceso a la Casa Blanca, no existe una relación. Otro dato importante, los Estados Unidos no tienen embajador en Brasilia”, remarcó.
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Por último, Caio Junqueira, planteó que “no hay chance que la causa contra Bolsonaro se caiga. El Supremo aquí acostumbra a usar la expresión de la apuesta. Si se siente coaccionado y amenazado, va y rebate, que es lo que ellos han hecho. Y lo hicieron esta semana, cuando el Procurador Pablo Gonet, pidió la apertura de investigación contra el Eduardo Bolsonaro”.
La posibilidad que esto cambie el escenario electoral para Bolsonaro en 2026 parece difícil de concretarse. Inclusive recorre en las últimas semanas que el ex presidente podría ser condenado en julio.
