A dos meses de estar intervenida por el gobierno de Javier Milei, en medio de la guerra por el control de su caja, la obra social de los peones rurales, Osprera, es blanco de crecientes denuncias por corte de servicios e interrupción de tratamientos y medicación.
Días atrás, la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de la intervención, denunció un posible desfalco de 3.350 millones, algo que fue refutado por el titular del gremio Uatre, José Voytenco, que a la vez acusó al ministro de Salud Mario Lugones de vaciar la obra social.
En ese contexto de cruces entre Voytenco y el Gobierno, las cuentas bancarias de Osprera habría sido bloqueadas en todo el país, provocando la interrupción de la cadena de pagos que sostiene la asistencia médica de más de 700 mil trabajadores rurales.
Lo concreto es que comenzaron a proliferar denuncias en varias provincias por el corte de servicios. El problema complica tanto a los tratamientos ambulatorios como los oncológicos y los de alto costo, golpeando en patologías existentes y en pacientes con cuadros severos.
Como contó LPO, a finales de octubre, Mario Lugones dictó la intervención, que se plasmó en una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que destituyó al Consejo Directivo de Osprera, que había asumido en julio tras 15 meses de intervención judicial y con un mandato aprobado por el propio organismo gubernamental.
Ahora Voytenco denuncia a Lugones de vaciar la obra social de los peones rurales
Desde entonces, la obra social recibió cientos de reclamos, pedidos y denuncias por cortes generalizados de servicios médicos y, principalmente, por la ruptura del circuito de dispensa y provisión de medicamentos.
Por el corte en la cadena de pagos, se dejaron de autorizar y liberar las compras de medicamentos de alto costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a pacientes oncológicos, con HIV o hemofilia, entre los más graves.
Muchos casos ya se encuentran judicializados, con denuncias de incumplimiento, fijación de astreintes (medida compulsiva que se establece para obligar a cumplir una decisión judicial) e, incluso, se iniciaron causas penales por desobediencia judicial.
En la ciudad bonaerense de San Nicolás, un paciente al que se le interrumpió la medicación hizo una denuncia penal. En Río Cuarto, Córdoba, lo mismo hizo un paciente que está esperando una prótesis para una cirugía de cadera por necrosis avascular bilateral, mientras que, en Salta, hizo una denuncia la madre de una joven menor de edad con cáncer a la que le interrumpieron su tratamiento oncológico.
En Córdoba, por esta situación crítico, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de la provincia comunicó por carta documento que dejarán de prestar servicio a los afiliados de la obra social 30 días después de enviado el documento, a finales de noviembre.
Según señalaron voces al tanto de esta crisis, la suspensión de pagos generalizada provoca intereses, multas, punitorios y mayores costos que complicarán aún más la situación.
También, preocupa el incumplimiento de los convenios judiciales, que ha implicado la ejecución con embargo de cuentas, caída de plazos, incrementos de costos por intereses y la vulneración de los derechos de los trabajadores.
