El economista asegura que la nueva fórmula jubilatoria que aprobó el Congreso y que Milei se dispone a vetar puede ser beneficiosa para las cuentas públicas. Así, rechaza de la visión del gobierno nacional, que sostiene que tendrá un alto impacto negativo.
– ¿Cuánto afecta al equilibrio fiscal la nueva fórmula jubilatoria?
– Eso requiere una evaluación integral del proyecto y una comparación de cuál es la situación actual y cómo quedaría con la aprobación de la ley. La situación actual es un DNU que tiene una doble debilidad jurídica:por un lado, se trata de un DNU, cuando la Constitución establece que debería ser una ley la que regula este tema y, por otro lado, es atacable el empalme entre la vieja fórmula y la nueva. ElDNU previó actualizar las jubilaciones a través de precios al consumidor, mientras que la vieja fórmula tenía una combinación entre salarios y recaudación que llegaba a diciembre. El DNU arrancó en febrero. Es decir, hay un bache en enero, donde se reconoce arbitrariamente sólo una parte de la inflación.Ese es el segundo factor de debilidad. Entonces, lo que hoy tenemos es un ajuste fiscal muy fuerte, en el que las jubilaciones obviamente juegan un rol muy importante porque es el principal componente del gasto nacional, pero con una extrema precariedad porque sabemos que cuando un tema tan importante y tan regulado incluso en la Constitución se maltrata de esa manera da pie a la posibilidad de juicios. Esos juicios hoy no generan gastos pero sabemos que los generarán a futuro. Con lo cual, desde ese punto de vista el proyecto de ley ayuda al equilibrio fiscal porque corrige un problema que hoy existe que es tener el DNU con esas debilidades.Después está la cuestión del impacto de corto plazo, que, efectivamente, la ley para corregir ese problema del incorrecto empalme agrega un aumento del 7,2 por ciento en todas las jubilaciones. Creo que es lo que le da el argumento al Gobierno para decir que va a generar un problema fiscal. Pero como planteamos en un informe que hicimos en el Ieral de la Fundación Mediterránea, entendemos que el Ejecutivo tiene herramientas para compensar ese impacto expansivo del gasto, básicamente revisando lo que hoy maneja discrecionalmente con el bono, los 70 mil pesos que cobran quienes perciben los haberes más bajos. Focalizando mejor eso, es decir seleccionando mejor a quiénes reciben el bono podría compensar el impacto de corto plazo, con lo cual la suma daría un efecto beneficioso sobre las cuentas públicas y no negativo.
– ¿Tiene algún asidero el cálculo del Presidente, que habló de un impacto de 370 mil millones de dólares?
– A ver, es una sumatoria del flujo a la eternidad de lo que implicaría este aumento. Es una cifra muy teórica, para llamarla de alguna manera. La oficina del Congreso hizo una estimación. Creo que lo más fácil es lo que planteamos en el informe:acá se trata de un aumento del 7,2 por ciento para corregir el empalme, es decir que se reconozca toda la inflacion de enero y no solo una parte. Además está el bono, que equivale al 14 por ciento del gasto total.Si el bono se redujera por una mejor selección de los beneficiarios a la mitad se podría compensar integralmente el aumento del gasto y las cuentas públicas no sufrirían ninguna alteración y pasamos a un escenario de tenerlo por ley, una situación más sólida desde el punto de vista jurídico. Por supuesto esto no soluciona los problemas del sistema previsional y todas las deficiencias que tiene el sistema previsional, que será tema para resolver en una reforma integral, tal como prevé el Acta de Mayo. Pero en el mientras tanto nuestro planteo es que es mejor corregir el DNU y no mantenerse con esa precariedad que tarde o temprano va a generar problemas.
– Pensando para adelante, tenemos una coyuntura en la que los ingresos al sistema previsional han sufrido por pérdida en los ingresos de los trabajadores, por pérdida de puestos de trabajo. En ese marco, se discute mucho el tema de las edades para la sostenibilidad del sistema. ¿Hay que modificar la edad jubilatoria?
– Es muy necesaria la discusión de lo que se denomina una reforma integral, donde la edad es uno de los puntos, no el único. Sería muy positivo que despejemos esta cuestión de la movilidad y la precariedad que fija el DNU para poder avanzar en esto, que es lo que hace todo el mundo. Los países bien organizados han hecho replanteos de sus normas previsionales, donde incluyen en uno de los puntos el tema de la edad de retiro. En nuestro caso particular hay que considerar algo, que es que tenemos una regla general de 65 años para los varones pero en la práctica hay un montón de excepciones, de regímenes especiales que prevén edades menores. Pienso que en la discusión de una reforma integral lo que habría que ver con particular énfasis son los regímenes especiales. Es decir, los 65 años no están tan desfasados respecto de la demografía que tiene hoy Argentina.Seguramente a futuro habría que analizarlo en función de la evolución demográfica pero en el presente no sería un gran problema pero sí que haya mucha gente que se jubila bastante antes de los 65 y eso sí sería muy importante corregirlo. Por lo tanto pondría énfasis en ese tema, en los tratamientos especiales, en esto de que no somos todos iguales ante la ley sino que hay un montón de vías sobre las que se tratan excepciones. Corrigiendo eso sería un gran aporte no sólo a la solvencia y a la sostenibilidad financiera sino también a la equidad, que todos seamos iguales ante la ley y no como ocurre ahora, donde hay un montón de discrecionalidad y tratos preferenciales.
– Más allá de la cuestión previsional, ¿cómo está viendo la marcha del programa económico del Gobierno?
– La Argentina viene con un problema estructural de larga data. En nuestro libro “Una vacuna contra la decadencia” abordábamos esa problemática y la necesidad de un replanteo estructural fundamentalmente en la organización del Estado. Y hasta que no hagamos eso vamos a estar siempre en la misma, en recurrentes crisis como nos viene pasando desde hace décadas. El Gobierno tiene el enorme mérito de haber planteado el tema, de haber planteado la batalla cultural, un planteo de que es necesario rever la organización del Estado. En eso están, el tema es que la cantidad de desafíos es enorme y es muy difícil avanzar, tanto por restricciones políticas, como ya se vio con las dificultades que tiene el Gobierno para avanzar con reformas legales, como por las dificultades que ha mostrado el Gobierno para instrumentar las reformas. Lo que se ve hoy en la economía, desde el punto de vista de los ingresos y la actividad, es un poco de alivio después de meses muy duros, pero sigue habiendo muchos nubarrones en el sentido de que no está consolidado un nuevo esquema.
– Desde la política se señala que falta una pata importante como podría ser un plan productivo para reactivar la economía.
– Además de la macro, hay que llevar a la práctica las reformas estructurales.En eso, el planteo del Gobierno, que uno lo puede resumir en los 10 puntos del Acta de Mayo, contiene la agenda que nos permitiría ir más rápido en la recuperación de la actividad, de los ingresos, de las exportaciones, del empleo.El tema son las dificultades para llevarlo a la práctica.Si no tuviéramos esos problemas y avanzarámos en la reforma tributaria, en la reforma de la coparticipación, en la reforma de la legislación laboral, en integrarnos mejor al resto del mundo, en consolidar la baja del gasto público sin sacrificar cuestiones muy importantes como la infraestructura, ahí estaría el plan productivo. Ahí las empresas serían competitivas, invertirían y generarían empleo. El tema es que los objetivos están claros pero hay enormes dificultades para avanzar.
