En definitiva, el sistema se enfrenta a una ecuación de difícil resolución con una cantidad de beneficiarios en aumento y de aportantes estancada. Detrás de eso, y de manera más estructural, se encuentra el proceso de mayor longevidad. Todo eso, en el marco de la crisis económica que vive el país, se vuelve un problema de profunda dificultad.
En los diez años que transcurrieron entre 2014 y 2023, en 7 ocasiones la inflación superó a la movilidad previsional, y por ende el haber real cayó.
Porque más allá de la sustentabilidad del sistema, en el mientras tanto, millones de jubilados sufren el deterioro acelerado de un paupérrimo ingreso mientras se discute en la agenda pública qué metodología aplicar para evitar que los beneficiarios caigan a niveles de pobreza e indigencia.
En ese contexto, el gobierno nacional dispuso cambiar la fórmula de Movilidad Previsional por decreto y comenzar a otorgar subas mensuales por la variación del IPC de dos meses previos. Abandonó la fórmula del Gobierno anterior, por un sistema que dependerá ahora del Poder Ejecutivo.
Los economistas Marcelo Capello y María Laura Caullo, del Ieral de la Fundación Mediterránea -cuyo presidente ahora es Osvaldo Giordano, extitular de Anses- elaboraron un trabajo en el que analizan el cambio metodológico en la actualización de los haberes. Allí advierten, como idea central, que “los cambios en la movilidad podrían mejorar los haberes en el corto plazo, respecto a lo que ocurriría con la actual ley, pero no necesariamente a largo plazo”.
En el trabajo destacan además que en los diez años que transcurrieron entre 2014 y 2023, en 7 ocasiones la inflación superó a la movilidad previsional, y por ende el haber real cayó. Desde 2014, cada vez que la inflación aceleró y el PIB bajó, el haber jubilatorio cayó, salvo en 2022.
Además, se observa que a partir de 2018 los haberes jubilatorios reales tendieron a perder poder adquisitivo con mayor frecuencia, generalmente coincidiendo con caídas del PIB y aceleraciones de la inflación; es decir, un escenario que coincide con el momento actual de la economía.
“El gasto en jubilaciones evolucionó con tendencia creciente entre 2004 y 2017, tanto por mayor cantidad de beneficiarios a partir de las moratorias, como por varios años de mejoras reales en los haberes. En 2015, las erogaciones alcanzaron un 8,9% del PIB, el doble que en 2004. No obstante, en 2017 se ubica uno de los picos de la serie, donde los desembolsos en jubilaciones fueron de 17,7 billones de pesos (9,5% del PIB)”, recordaron los economistas del Ieral.
El informe remarca que a partir de 2017, el gasto en jubilaciones fue decreciendo todos los años en términos reales y casi siempre respecto a la producción del país. El año 2023 cerró con un gasto en jubilaciones comparable al de 2012, representando 7,7% del PIB o equivalentes a 14,4 billones de pesos. Con respecto al año 2015, el gasto cayó un 11,1% en términos reales y se redujo en 1,3 puntos del PIB, pasando de 8,9% en 2015 a 7,7% el último año.
El corto y el largo plazo
Capello y Caullo indicaron además que “aplicar movilidad por inflación reciente mejora inicialmente los haberes respecto a lo que ocurriría con la ley actual de movilidad, gracias a la actualización extraordinaria de abril, pero a largo plazo los haberes evolucionarían por debajo de lo que se desprendería de la actual ley de movilidad, en escenarios en que la inflación baja y la producción se recupera levemente”, alertaron. En términos de gasto público se leería a la inversa: manteniendo la actual ley de movilidad al inicio se ahorraría más en jubilaciones, pero a mediano y largo plazo se gastaría más. Claro que, si el escenario económico futuro resulta en algún momento en inflación creciente y PIB que cae, las anteriores conclusiones se invierten.
“Si el objetivo de la fórmula de movilidad es preservar el poder adquisitivo de las jubilaciones en el tiempo, brindando certidumbre a sus beneficiarios sobre la evolución de sus poderes de compra, resulta conveniente utilizar la inflación como regla de movilidad, con el menor rezago posible”, explicaron los economistas del Ieral.
En términos de gasto público, manteniendo la actual ley de movilidad, al inicio se ahorraría más en jubilaciones, pero a mediano y largo plazo se gastaría más.
Pero aclaran: “Si, en cambio, el objetivo es que las jubilaciones evolucionen en forma similar a los salarios, los haberes reales van a mejorar si el PIB y la productividad crecen a largo plazo, pero decrecen en caso contrario. Aquí existe menor previsibilidad para los jubilados, respecto a la preservación de su poder adquisitivo, aunque con mejores perspectivas de haberes, si finalmente la economía entra en un proceso de crecimiento sostenido, con inflación baja. Desde el punto de vista del gasto previsional, las conclusiones son a la inversa”, advierten.
Cómo es el ajuste desde este mes
El comienzo del nuevo esquema de ajuste en las jubilaciones definido por el gobierno nacional se dará en abril en base a la última tasa conocida de inflación, que es la de febrero.
Por eso, según precisó Anses en las últimas horas será 13,24%, más el agregado de un “12,5% en concepto de reparación por el daño ocasionado por la fórmula previsional del gobierno anterior”, indicó el organismo de la Seguridad Social.
