“Como dije cuando juré como gobernador, en mi primer día de gestión elevé un proyecto de Ley que contempla un plan integral de seguridad. Un nuevo paradigma que innova e integra, bajo un marco jurídico, un modelo de seguridad y convivencia que recupere la tranquilidad de todos”, destacó el flamante gobernador a través de su cuenta X.
La iniciativa parlamentaria oficial, entre sus principales puntos, contempla la creación de Guardias Locales de Prevención y Convivencia, previendo la incorporación de Agentes Locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba y en el marco de estrategias comunitarias de aproximación a los vecinos.
También está previsto incrementar un 100% de las Fiscalías Antinarcóticos, incorporando seis más en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Carlos Paz, Cruz del Eje y ciudad de Córdoba.
En esa línea se crearán también 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba, profundizando el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal (MPF).
El texto incorpora las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
Además crea un Instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad que elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas de seguridad local, guardias y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), creado en 2008.
Asimismo habilita a las municipalidades y comunas para que pueden adherir a la presente Ley y, sobre esa base, constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia.
El proyecto incluye un plan de desarme en la población, el cual establece el pago por cada arma que los vecinos entreguen.
La propuesta oficial también implementa el ‘narcotest’ obligatorio a quienes desempeñen en funciones de gobernador, vicegobernador, legisladores y tribunos de cuentas, ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.
En todos los casos deberán acreditar certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest.
