Unos 606 sitios de internet y 19 aplicaciones para dispositivos móviles y Smart TV que realizaban retransmisiones ilegales de contenidos audiovisuales y violación a los derechos de propiedad intelectual fueron dados de baja por la Justicia en Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos y Reino Unido.
Asimismo, se desarrollaron 24 allanamientos simultáneos en 12 estados de Brasil y 1 en Argentina para desbaratar servicios y organizaciones criminales vinculadas con la piratería audiovisual y lavado de activos, entre otros delitos.
Los datos corresponden a la sexta fase de la denominada Operación 404, de extensa trayectoria en Brasil. En los allanamientos fueron incautados equipos tecnológicos con los que los penalmente acusados desarrollaban actividades de piratería audiovisual, una acción ilegal que pone en riesgo a millones de usuarios, afecta la creación de empleo en la industria y perjudica la recaudación de impuestos.
Fue la primera vez que la Argentina se sumó en una coordinación penal internacional contra el delito de piratería audiovisual. El representante en Brasilia fue Alejandro Musso, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) Buenos Aires, quien viene investigando causas por estos delitos con resultados exitosos en el país.
Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual (Alianza) y gerente regional Antipiratería de Vrio Corp. (casa matriz de DIRECTV Latin America y SKY), y Luciana Muller, directora de Relaciones Institucionales de SKY, estuvieron en el Centro de Monitoreo en Brasilia siguiendo el operativo internacional en detalle.
Bacaloni comentó: “Nuestras compañías cooperan muy activamente con la Justicia y los Gobiernos para detectar, investigar y denunciar la piratería, considerando que es un delito transversal que no solo desincentiva la inversión y financia otras actividades criminales repudiables, sino que afecta a las empresas que generan empleos, a los Estados que ven disminuida su recaudación para atender las demandas de la sociedad y a los usuarios, comprometiendo sus datos personales y poniéndolos en elevado riesgo de distintos tipos de fraudes y estafas”.
En sintonía, Musso señaló que la piratería digital “no es un delito menor” dado que afecta a cientos de miles de personas, ya sea de forma directa porque los usuarios muchas veces consumen estos sitios o aplicaciones sin saber que son ilegales; y también a los autores, dado que se violentan sus derechos de propiedad intelectual. “La acción penal es muy importante”, comentó Musso, quien coincidió con Bacaloni en que el accionar articulado de los sectores público y privado es clave para combatir este crimen.
