El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi archivó por “inexistencia de delito” la denuncia que su colega Julián Ercolini le hizo al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, por dejarle una docena de facturas de panadería en su despacho.
El obsequio incluía medialunas, sacramentos y bolas de fraile recién salidas del horno, que el 9 de enero el diputado las dejó en por mesa de entradas del juzgado federal 10.
“Traje una docena de facturas de una panadería de acá cerca del Congreso y se la dejé al juez Julián Ercolini para que sepa lo que son las facturas reales, porque las que fabricó para disimular la dádiva de la mafia de Clarín en Lago Escondido son todas truchas”, declaró Tailhade ante los medios, durante su recorrida por los Tribunales de Retiro a comienzos de año.
Se refirió al viaje que habrían realizado a la estancia del magnate Joe Lewis, según los chats que se filtraron. Participaron los jueces Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el ministro porteño Marcelo D’Alessandro; el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques; un exfuncionario de inteligencia y directivos del Grupo Clarín.
El diputado había ido a hacer una presentación por la causa en la que D’Alessandro lo denunció de estar vinculado a la filtración de las conversaciones.
Tailhade llegó al cuarto piso del juzgado 10 escoltado por personal policial y según surge del sumario policial incorporado al expediente, “apoyó el paquete en la mesa de entradas y textualmente expresó: ‘Estas son las facturas de verdad de parte del sorete’.
El diputado hizo referencia a la forma en la que se referían a él los imputados del caso de Lago Escondido, según surge de los chats filtrados.
Molesto, Ercolini solicitó “intervención policial” para el secuestro del paquete, a pesar de que el detector de metales instalado en el ingreso al edificio había detectado que era un producto fresco de panadería.
El sumario fue enviado a la Cámara Federal porteña y por sorteo recayó en el juzgado de Martínez de Giorgi bajo el número de causa CFP 87/2023 y caratulada como “N.N. sobre intimidación pública”.
El juez delegó la investigación en la fiscal Ochoa que pidió el archivo y sostuvo que “ni quien solicitara el desplazamiento policial, ni el magistrado que respondió la consulta, como así tampoco el personal policial interviniente, explicaron cuál es la hipótesis jurídico-penalmente relevante que se pretende sea investigada”.
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